Seis antiguos miembros de gobierno regional separatista encarcelados por el intento de secesión de 2017 salieron temporalmente este martes de la cárcel para comparecer en el Parlamento regional, donde fueron recibidos entre aplausos y gritos de “libertad”.
Es la primera vez que se ve en público a estos dirigentes, entre ellos el ex vicepresidente regional Oriol Junqueras, desde que el Tribunal Supremo los condenara en octubre a altas penas de cárcel por sedición.
El gobierno regional separatista, que dispone de competencias penitenciarias, les concedió un permiso de salida para declarar en una comisión parlamentaria sobre la suspensión de la autonomía catalana decretada por Madrid tras la fallida secesión de octubre de 2017.
A su llegada al Parlamento, en cuyos alrededores se habían concentrado decenas de militantes separatistas, fueron recibidos entre aplausos y gritos de “libertad” por el presidente regional catalán, Quim Torra, y el presidente de la cámara, Roger Torrent, así como por otros dirigentes del movimiento separatista.
Sus comparecencias suponen una tregua en la guerra interna entre los dos partidos separatistas que comparten el gobierno, Juntos por Cataluña de Torra y el expresidente regional Puigdemont, e Izquierda Republicana (ERC), de Junqueras.
Ambas formaciones escenificaron el choque el lunes en la sede parlamentaria, cuando ERC se negó a desobedecer un mandato judicial para retirar la condición de diputado regional a Torra, como pedían desde Juntos por Cataluña.
Liderados por Junqueras desde la cárcel, ERC apostó en los últimos meses por evitar los contenciosos con la justicia española y acordó con el gobierno socialista de Pedro Sánchez una negociación sobre la crisis catalana observada con recelo por sus socios de gobierno.
“Más independentista que yo no hay nadie (…) De la misma manera que somos los campeones de la causa de la República, también somos los campeones del diálogo”, dijo Junqueras en su intervención ante los diputados catalanes.
Esta comisión parlamentaria fue creada por los separatistas para investigar los efectos de la intervención de la autonomía regional decretada en octubre de 2017 por el gobierno español, entonces en manos del conservador Mariano Rajoy.
España vivió ese mes una grave crisis por la organización de un referéndum ilegal de autodeterminación, marcado por la violencia policial, y la posterior declaración de una fallida república en esta región del noreste del país dividida sobre la cuestión de la secesión.
