Por último, del debate en torno a la elección del nuevo Secretario General están ausentes las violaciones al orden constitucional cometidas por gobiernos conservadores. Pocos recuerdan hoy que el propio Almagro consideró fraudulento el proceso electoral de 2017 en Honduras y exigió la realización de nuevas elecciones. Mientras tanto el Grupo de Lima aceptó la incorporación del nuevo gobierno boliviano, pese al ostensible carácter inconstitucional tanto de su origen como de su conducta.