La Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela solicita al gobierno y particularmente a la autoridad tributaria la adopción de medidas extraordinarias de carácter tributario para proteger a los contribuyentes por la paralización casi total de actividades que supone la emergencia nacional declarada por la presencia de casos de Covid-19 en el país.
En concreto, el gremio nacional de contadores solicita al gobierno y al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat):
- Una extensión de plazos o prórroga para el cumplimiento de todas las obligaciones tributarias pendientes.
- Una extensión o prórroga del plazo para la declaración del Impuesto Sobre la Renta (ISLR), que permita a todos los contribuyentes atender las labores que han sido interrumpidas, retrasadas u obstaculizadas por lógicas razones de fuerza mayor, que obviamente escapan al control del contribuyente.
- El diferimiento hasta que pase la emergencia de la entrada en vigencia de la reforma del Impuesto al Valor Agregado, «en cuanto a la aplicación de las nuevas formalidades y de la alícuota adicional para las transacciones pagadas en moneda distinta a la de curso legal en el país, criptomonedas o criptoactivos distintos a los emitidos y respaldados por la República».
- La Federación considera que la actual situación de alarma nacional configura claramente una situación de excepción por caso de fuerza mayor, previstas en el Artículo 85 del Código Orgánico Tributario como «eximentes de responsabilidad por ilícitos tributarios».
Además, el comunicado del gremio de contadores cita al Artículo 45 del COT, que «prevé la posibilidad de que el Ejecutivo Nacional conceda, con carácter general, prórrogas y demás facilidades para el pago de obligaciones no vencidas, así como fraccionamientos y plazos para el pago de deudas atrasadas, cuando el normal cumplimiento de la obligación tributaria se vea impedido por caso fortuito o de fuerza mayo, o en virtud de circunstancias excepcionales que afecten a la economía del país».
Ciertamente, aunque las medidas de emergencia tomadas por el Ejecutivo son absolutamente válidas y comprensibles en su contexto general, el daño que la emergencia del coronavirus causa a la economía venezolana puede ser extremo y severo, incluso más grave que el ocasionado por los mega apagones nacionales, durante el año pasado.
De acuerdo con los diferentes escenarios de prolongación de la emergencia, que suponen una casi total paralización de actividades por un mínimo de 30 días, como medida de seguridad, habría que reajustar las proyecciones de contracción de la economía venezolanas a cifras superiores a 20%, como medida conservadora, si se considera que la Asamblea Nacional certificó una caída de 39,65% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2019.
Por otra parte, el cierre de las agencias bancarias dificulta la obtención de efectivo en bolívares, por lo que, tal como ocurrió durante la crisis eléctrica del año pasado, es altamente probable que un porcentaje ya mayor a 80% de las transacciones se realicen en dólares y otras divisas foráneas, incluso en empresas y/o sectores donde la dolarización no era la norma.
