La Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social (Fundalatin) reiteró este miércoles en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la imposibilidad de poder cancelar los proveedores médicos para atender a los niños de Venezuela que presentan enfermedades crónicas, debido al bloqueo económico, comercial y financiera impuesto por Estados Unidos (EEUU) contra la nación suramericana.
La denuncia la realizó la presidente del organismo, María Eugenia Russián, quien señaló que los niños son enviados al exterior para recibir tratamientos especializados y trasplantes, no obstante; por el bloqueo se tuvo que suspender los tratamientos.
En este sentido, explicó el caso de un niño de ocho años de edad, que recibió un trasplante de hígado, cuya operación fue realizada por un programa social del Gobierno venezolano, no obstante; el niño rechazó el trasplante y necesita volver a operarse.
«En este momento, este niño presenta un rechazo del trasplante y necesita ser atendido de urgencia. Pero, el bloqueo impide a Venezuela pagar a los proveedores médicos para poder salvar su vida», refirió Russián a los miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Esta situación, advirtió la presidente de Fundalatin, se registra también en el Hospital de Niños J.M. de los Ríos, en el que, además, cuenta con limitaciones para adquirir equipos, repuestos, medicamentos e insumos, producto del bloqueo económico y financiero contra Venezuela, que ha generado pérdidas millonarias a la nación.
En febrero pasado, Fundalatin denunció la suspensión de tratamientos para niños trasplantados, el cual cesará el próximo 30 de julio, producto del bloqueo financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos contra Venezuela.
Mediante un mensaje publicado en la red social Twitter, Fundalatin explicó que hasta el mes de julio se estará dando a los niños afectados que se encuentran en Italia y Argentina los tratamientos médicos especializados que eran costeados por el gobierno de Venezuela a través de la Fundación Simón Bolívar, adscrita a la empresa filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Citgo, confiscada por el gobierno estadounidense el año pasado.
En febrero de 2019, dicha fundación alegó que debido a «las sanciones impuestas por los Estados Unidos dirigidas a Venezuela y Pdvsa, la fundación tiene prohibido pagar los servicios y gastos proporcionados al paciente». Reseñó AVN.
