La situación socioeconómica que hoy en día afecta al país, ha hecho estragos en personas que son fundamentales para el crecimiento de un país: los docentes.
Omar Contreras
Se debe invocar la corresponsabilidad en la solución a la grave situación salarial de los profesores, empleados y obreros de las Universidades Nacionales Públicas, así lo expresó Fermín Conde, integrante de la Comisión de Ajuste Salarial de la Universidad de Carabobo.
Destacó que esto se ha convertido en una crisis humanitaria compleja que hoy se ha profundizado por la desidia e indiferencia de quienes tienen en sus manos la solución a esta situación.
Asimismo, solicitó apoyar lo expuesto por el rector de la Universidad de los Andes, Mario Bonucci, quien en su intervención más reciente expuso la necesidad del Consejo Nacional de Universidades de buscar una solución a la problemática que los mantiene en situación de pobreza extrema.
“El hecho que nuestro sueldo no supera los tres dólares mensuales en promedio, trae como consecuencia la destrucción del derecho a la vida del más importante capital de toda institución Universitaria: quienes hacen Academia”, destacó el rector Bonucci.
Por otra parte, Conde expresó con inmensa preocupación la ausencia de pronunciamientos contundentes de otros representantes al respecto, ante este organismo, pues son todos ellos los llamados por la Ley a invocar y defender este derecho sagrado.
Es por ello que solidariamente solicitó que se convoque un CNU donde sean consideradas las diversas propuestas de ajuste salarial, entre ellas la de la UC, la cual está plasmada en la correspondencia enviada el 6 de mayo del año 2020, la cual contiene la resolución emanada del Consejo Universitario.
El profesor indicó, que dicha resolución está signada con el numero CU-002-1905-2020 (sesión extraordinaria Nro. 1905) de fecha tres de mayo de 2020, que debió ser elevada a la consideración del Consejo.
Explicó que esta petición se sustenta en lo establecido en la Carta Magna en el Artículo 91, la cual reza:
“Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público un salario vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica”
Asimismo, Conde exigió que se cumpla lo expresado en el preámbulo de la Constitución: “Somos un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valor superior la vida, apegado a la preeminencia de los derechos humanos”.
