Luis Vicente León
Entiendo el deseo de cambio político mayoritario en la sociedad venezolana. Más de 80% de la población piensa que es indispensable permitir que se elija un nuevo gobierno, en elecciones libres y transparentes, que reflejen la real voluntad del pueblo, en un país donde la confianza en las instituciones esta pulverizada.
Pero ese deseo de cambio, no se puede convertir en realidad con base en una estrategia de sanciones generales, económicas, petroleras y financieras que han demostrado, a lo largo de la historia, que sólo acentúan la crisis causada por el gobierno sancionado. La realidad es que las sanciones amplifican el sufrimiento sin producir los cambios de gobierno que pretenden y en muchos casos ni siquiera logran cambios en la conducta política de los mismos. Basta mirar las experiencias más conocidas de países sancionados como Cuba, por 60 años o Corea desde el abuelo de Kim, o Irán desde la caída del Sha o Zimbabue cuando Mugabe era joven. Todos esos gobiernos se mantuvieron en el poder, mientras sus pueblos se debilitaron y sufrieron más, sin lograr el pretendido cambio.
Las encuestas recientes indican que la mayoría de los venezolanos aprueban las sanciones personales que se establecen contra funcionarios específicos, a quienes consideran responsables de la crisis. No hay un rechazo genérico contra las acciones focalizadas que tienen un impacto sólo sobre ellos. Pero la población rechaza contundentemente, las sanciones generales que, buscando afectar al gobierno, en realidad terminan empeorando más la vida de los inocentes, sin esperanza de lograr el cambio para el que se diseñaron.
Sancionar a Conviasa, por ejemplo, afecta las rutas y las frecuencias aéreas que usan personas comunes y limita su movilidad, no la del gobierno. Por su parte, la respuesta oficial contra TAP tiene exactamente el mismo resultado que la anterior: empeorar la movilidad de los nacionales. Sancionar a Rosneft Trading, con el objeto de presionarla para no operar con Pdvsa, busca colapsar las operaciones petroleras del gobierno venezolano y liquidar sus fuentes de recursos, pero en realidad compromete, como efecto secundario, la disponibilidad de combustible, energía y gas para la población básica, sin que tienda a resolver el problema o incluso presione a una negociación entre las partes, que nos conduzca a una elección presidencial competitiva. La probabilidad de que eso ocurra es un límite que tiende a cero. Sin embargo, es evidente que su impacto deteriora más la vida de la población.
No intento decir con esto que quitar las sanciones resuelve el problema. Es un caso equivalente al de un doctor que receta, por error, un medicamento para el corazón a un enfermo del hígado. La medicina equivocada empeora la salud del enfermo, por efectos secundarios, obviamente sin resolver el problema real. Quitar la medicina reduce los síntomas que ella causó, pero obviamente no resuelve tampoco el problema original del hígado. Sigue faltando la medicina adecuada. La pregunta es: ¿si eliminar el medicamento equivocado no resuelva el problema del hígado, significa que vale la pena seguir dándosela, aunque el enfermo se sienta peor? Para mí resulta un acto impresentable, independientemente que haya sido aplicada con buena intención.
Más allá de los análisis teóricos y éticos, hay una realidad como un templo: la mayoría de la población rechaza sanciones que afectan más su vida, no porque no estén dispuestas al sacrificio, sino porque este sacrificio en particular es demostradamente inútil. Cuando un líder limita su oferta y respaldo a sanciones impopulares que tienen nula posibilidad de éxito está comprometiendo dramáticamente su futuro… y el del país.
