La Defensoría del Pueblo lamenta el hallazgo de al menos 20 personas sin vida en alta mar, específicamente en la zona de Guiria, estado Sucre. Se pudo conocer que los cuerpos de los fallecidos fueron recuperados por el trabajo permanente y vigilante de guardacostas de la Armada venezolana, y luego dichos restos fueron trasladados por comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de la entidad hasta la morgue del Hospital Central de la ciudad de Cumaná, para su respectiva identificación por parte de especialistas de antropología y odontología forense.
Nota de prensa
Expresamos nuestras condolencias a familiares de las víctimas de este naufragio, y exhortamos a las autoridades de los cuerpos de seguridad competentes a continuar investigando las causas que originaron esta terrible tragedia e identificar a los responsables de este hecho, que hoy llenan de tristeza a varias familias venezolanas. No es la primera vez que la tragedia enluta a hogares de personas que por diversos motivos caen en redes de trata y tráfico de personas, de algunas todavía se desconoce su paradero, mientras las autoridades continúan su búsqueda y mantienen las investigaciones pertinentes que han arrojado la responsabilidad de al menos 18 personas, las cuales han sido individualizadas y privadas de libertad al ser imputadas por graves delitos contemplados en la ley contra la delincuencia organizada.
Seguimos haciendo un llamado a hombres, mujeres y sobre todo a jóvenes y adolescentes que no se dejen engañar y no caigan en esas redes delincuenciales de trata y tráfico de personas para evitar que situaciones como esta se repitan, poniendo en riesgo la vida de seres humanos que por razones particulares desean migrar hacia otros destinos.
Es de destacar que la Defensoría del Pueblo reconoce que la migración es un derecho humano, consagrado tanto en nuestras leyes internas como en los tratados y convenios internacionales. Por ello, viene trabajando desde hace meses con sumo interés la situación de venezolanos y venezolanas que por diversos motivos se encuentran fuera del territorio nacional y han sido víctimas de violencia y explotación, por este motivo el Defensor del Pueblo decidió multiplicar el trabajo de la Defensoría en esta materia y creó la Defensoría Especial con Competencia Nacional para la Protección de las Personas Migrantes, Refugiadas y Víctimas de Trata de Personas, adscrita a la Dirección de Materias de Especial Atención, dicha resolución acaba de ser publica en la Gaceta Oficial 42.007 de fecha 13 de noviembre del presente año.
Esta Defensoría Especial Nacional tiene en sus atribuciones promover y coordinar acciones que garanticen la efectiva protección, defensa y vigilancia de los derechos humanos de las personas migrantes y víctimas de la trata de personas. Así como, promover ante los organismos competentes programas o actividades en beneficio de las personas migrantes y refugiadas en Venezuela, en concordancia con el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular y la Declaración de Nueva York sobre los Refugiados y Migrantes, para una migración segura. Derechos también consagrados en nuestro texto constitucional.
Asimismo, hemos hecho los esfuerzos para crear las Defensorías Delegadas Municipales, en las poblaciones de Guiria Municipio Valdez, Yaguaraparo Municipio Cajigal, Tunapuy Municipio Libertador y mejorar los espacios Físicos de la ya creada Defensoría del Municipio Bermúdez. (Esperamos contar este próximo año 2021 con el apoyo sincero de las Autoridades Municipales) estás acciones con el objetivo de coordinar acciones a favor de la promoción, defensa y vigilancia de los derechos humanos junto con la Defensoría Delegada del Estado Sucre en la atención de las personas de la península de Paria, donde se encuentran algunos sectores vulnerables, pescadores y campesinos, que pueden ser captados por redes delincuenciales.
Denunciamos las medidas coercitivas, unilaterales, extranjeras que ahogan la economía nacional y llamamos a los gobiernos y agencias multilaterales, exigiéndoles que cesen las acciones de piratería, asedio, agresión y bloqueo de mercancías, repuestos, insumos médicos, maquinaría industrial, medicinas y alimentos, los cuales son graves violaciones de derechos humanos que precariza la economía de innumerables familias en nuestro país.
