Chile expulsó este miércoles a un grupo de 138 migrantes irregulares de nacionalidades colombiana y venezolana que se encontraban varados en la frontera norte con Bolivia, una zona que desde hace días vive una fuerte ola migratoria que ha llevado al límite a pequeñas localidades fronterizas.
EFE
“Estamos en presencia del primer vuelo que sale desde el norte y da cuenta de un proceso de expulsión, en su mayoría personas que ingresaron de forma clandestina hace menos de tres meses”, aseveró el ministro del Interior Rodrigo Delgado desde la pequeña localidad de Colchane, próxima a la frontera con Bolivia.
La entrada de más de un millar de extranjeros en menos de siete días generó la semana pasada tensión en este municipio, de apenas 1.700 habitantes, que se encuentra muy próximo a la localidad boliviana de Pisiga, a 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar.
La zona entre estos dos municipios se ha convertido, pese a la crisis sanitaria de la covid-19 y las extremas condiciones climáticas (mucho calor durante el día y heladas de madrugada) en un paso de migración irregular.
La ola migratoria, formada principalmente por venezolanos, provocó desabastecimientos y enfrentamientos entre autoridades y grupos de extranjeros, además del colapso del sistema sanitario por la pandemia, lo que obligó a instalar campamentos para mantener en cuarentena preventiva a los migrantes.
La tensión en este paso fronterizo se agravó la semana pasada con el fallecimiento de dos extranjeros, un colombiano y un venezolano.
La mayor parte de las personas, agregó Delgado, fueron expulsadas por no haber regularizado su estancia en Chile, y una minoría fueron deportadas por motivos judiciales, entre ellos, delitos relacionados con narcotráfico.
“Con esto nosotros estamos notificando a las personas que tienen intención de llegar a Chile por pasos no habilitados y de forma clandestina, que se arriesgan a un proceso de expulsión”, aseveró.
Delgado visitó la zona junto a sus homólogos de Defensa y Relaciones Exteriores, Baldo Prokurica y Andrés Allamand, respectivamente.
“Este vuelo está coordinado con la cancillería colombia y con las autoridades consulares de Venezuela. Estamos trabajando en forma coordinada con los países limítrofes para sacar adelante estas iniciativas”, agregó por su parte el canciller.
El Gobierno chileno ha autorizado el despliegue de las Fuerzas Armadas para combatir el tráfico ilícito de migrantes en ese punto de la frontera, donde son habituales los “coyotes” o “pasadores” que cobran a los interesados por guiarlos para cruzar de un país a otro.
En Chile, un país que hasta el inicio de las protestas de 2019 era muy atractivo para migrar por su estabilidad política y económica, hay 1,4 millones de migrantes, lo que equivale a más del 7 % de la población y los venezolanos son los más numerosos, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos.
Chile tiene una de las leyes migratorias más antiguas de Latinoamérica, diseñada en 1975 durante la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990), cuando apenas recibía migrantes, aunque el Gobierno busca aprobar una nueva normativa que facilitaría las deportaciones.
