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Sala Plena del TSJ admite antejuicio de mérito contra Luisa Ortega

Sala Plena del TSJ admite antejuicio de mérito contra Luisa Ortega

En reunión extraordinaria realizada ayer, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia acordó admitir la solicitud de antejuicio de mérito contra la Fiscal general Luisa Ortega, presentada el viernes pasado por el diputado del PSUV, Pedro Carreño, por la presunta comisión de faltas graves en el ejercicio de su cargo.

La Sala Plena, presidida por el abogado Maikel Moreno, acordó convocar una audiencia pública para escuchar a Ortega, a Carreño y a los integrantes del Poder Ciudadano, aunque en la nota de prensa divulgada ayer no precisó la fecha.

Como medidas cautelares, Carreño pidió que se le prohíba a Ortega la salida del país y que se le prohíba enajenar, gravar, ceder o permutar sus bienes. La Sala se declaró en sesión permanente para decidir.

La ponencia correspondió a la presidenta de la Sala de Casación Social, Marjorie Calderón, que en 2009, siendo juez de Aragua, condenó a los policías metropolitanos por dos de las muertes del 11 de abril de 2002.

De acuerdo con el ordenamiento jurídico, el TSJ debe solicitar a la Asamblea Nacional la autorización para proceder al enjuiciamiento. Además, se establece que el pase a juicio de altos funcionarios debe ser conducido penalmente por el fiscal general “o quien haga sus veces”. En el caso en que el funcionario objeto de averiguación sea el propio fiscal general, la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que la acción penal será conducida por el vicefiscal general (en este caso Rafael González recientemente nombrado por Ortega), “o, en su defecto, a quien designe la Asamblea Nacional por la mayoría absoluta de sus integrantes”.

Sin unanimidad. Trascendió que la decisión no contó con la unanimidad de los 32 magistrados del TSJ: el presidente de la Sala Constitucional, Juan Mendoza y la integrante de la Sala de Casación Civil, Marisela Godoy no acudieron por razones de salud. El integrante de la Sala de Casación Social, Danilo Mojica salvó su voto. Mientras el magistrado de la Sala Político Administrativa, Inocencio Figueroa se inhibió de votar por su amistad con la fiscal Ortega.

Asedio. A las 12:28 pm el Ministerio Público denunció a través de su cuenta Twitter que sus instalaciones eran asediadas: “#Urgente. A esta hora nuestra sede principal y los funcionarios que allí laboran están bajo el asedio y agresiones de grupos violentos”.

Se trataba del paso de la movilización oficialista “Madres por la paz”, promovida por el ministerio de la Mujer. Al llegar a la plaza Parque Carabobo, ubicada frente al MP, las manifestantes se tornaron agresivas contra la institución y algunos transeúntes.

De hecho, a las 12:35 pm atacaron a la alcaldesa Patricia de Ceballos; la abogada Ana Leonor Acosta; a familiares de 14 Polichacao; a Rosaura Valentini de Goicoechea y a María Rivera de García, quienes se encontraban en el MP para denunciar el desconocimiento por parte del Sebin a las boletas de excarcelación a favor de varios presos políticos.

“Primero los colectivos que están en la plaza nos amenazaron con quemarnos vivas. Luego las mujeres de la marcha nos golpearon y empujaron. A uno de los familiares lo arrastraron por el piso y a otro lo golpearon contra un poste de luz”, contó Ceballos.

Solidarios con la Fiscal General

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, que participa en la 47 Asamblea General del organismo en Cancún, reaccionó a la decisión del TSJ. “No reconocemos farsa de antejucio de mérito del TSJ contra la fiscal Luisa Ortega Díaz, consumándose otra flagrante ilegalidad”, escribió a través de Twitter.

El primer vicepresidente de la AN, Freddy Guevara (VP), enfatizó que el Parlamento es el único poder con la potestad para destituir a la fiscal general: “El TSJ puede decidir lo que quiera, pero la única forma de destituir a la fiscal es si lo autoriza la AN y ¿adivinen? No lo haremos”.

El jefe de la bancada de la MUD en el Parlamento, Stalin González (UNT), defendió las actuaciones de Ortega: “Actuar para hacer justicia no es un delito ni insania mental, el Ministerio Público goza de autonomía y por eso el TSJ quiere callarlo”.

El diputado de PJ, José Manuel Olivares, también reaccionó en contra del procedimiento: “La fiscal Ortega Díaz se sumó a la defensa la Constitución y representa un poder Público Legítimo. Por eso hoy el TSJ quiere sacarla”.

La dirigente de Vente Venezuela, María Corina Machado, también reaccionó: “¿Será que Maduro entiende que destituir hoy, a la fuerza, a la fiscal es eliminar la última contención a la presión social que existe en Venezuela? El régimen insiste en aplastar todas las vías institucionales para canalizar exigencia de cambio político”.

Paso a paso

¿Cómo se destituye a un fiscal general? El procedimiento está contenido en la Constitución, las leyes orgánicas del TSJ, el Ministerio Público y el Poder Ciudadano, y en el Código Orgánico Procesal Penal. De acuerdo a esos instrumentos los pasos a seguir son los siguientes:

1. La Sala Plena del TSJ se reúne y determina si admite o no la solicitud de antejuicio de mérito. Si la admite, tiene 30 días para convocar al fiscal general y a su defensa a una audiencia pública. La Lotsj dice que oídas las partes, la Sala Plena tendrá hasta 30 días para declarar si hay mérito para enjuiciar a la fiscal; sin embargo, el COPP dice que el lapso para determinar si hay mérito para el enjuiciamiento es de 5 días.

2. Si se determina que hay mérito para el enjuiciamiento, la Sala Plena debe informar a la Asamblea Nacional, la cual autorizará dicho enjuiciamiento con el voto de la mayoría de sus integrantes. Si la AN vota negativamente, el caso no procede.

3. Si la AN autoriza el enjuiciamiento del Fiscal, la Sala Plena debe remitir los autos a un tribunal ordinario (en caso de que los delitos sean comunes), o continuar conociendo de la causa (en caso de que las faltas sean políticas).

Los artículos 23 de la LOMP y 22 de la LOPC establecen que las faltas graves que pueden conllevar a la remoción de un fiscal general son: atentar contra la ética pública; ignorar la Constitución; realizar activismo político-partidista; por manifiesta incapacidad física o mental certificada por una junta médica designada por el TSJ con aprobación de la AN; por abandono del cargo; por negligencia manifiesta o si sus decisiones administrativas falsean los hechos, entre otras.

Fuente: El Nacional

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