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Revisar la Constitución, editorial de El País

Revisar la Constitución, editorial de El País

Editorial /El País

El mismo día en que se cumplía el 38º aniversario de la Constitución afloró una oleada de reticencias a emprender su reforma. El ejemplo de la derrota de Matteo Renzi en el referéndum constitucional de Italia ilustra bien sobre el método que no debe aplicarse en España. Carece de sentido convertir una reforma constitucional en un plebiscito sobre un político. Hay que trabajar para construir consensos amplios, y para ello conviene que no se dilate el primero de los pasos convenientes, que es el emplazamiento de una subcomisión de estudio en el Congreso de los Diputados.

Algunos políticos parecen haber descubierto de repente que basta con el 10% de los diputados para exigir un referéndum sobre cualquier cambio en la Ley Fundamental, aunque los aspectos a reformar no afecten a los artículos especialmente protegidos del texto —que exigen consulta forzosa—. Como Pablo Iglesias ha avisado de que pedirá un referéndum frente a una reforma constitucional impuesta, y en principio controla diputados suficientes para eso, se han desatado ciertas alarmas en parte del arco parlamentario y de la opinión publicada.

El líder de Unidos Podemos se apresura demasiado a colocarse en una posición tan defensiva, en vez de constatar, simplemente, que carece de fuerza para imponer un proceso constituyente. No obstante, si alguien contaba con reformar la Constitución dejando al margen a Unidos Podemos, se ha engañado. Ya no estamos en los tiempos de 2011, en que el PSOE y el PP ejecutaron una pequeña reforma en la máxima ley tras un rápido pacto. Los cambios en el mapa político han sido muy importantes desde entonces.

Por descontado que los planteamientos de Unidos Podemos no coincidirán de entrada con los que podría hacer el Partido Popular —de momento se ignora cuáles son—, y serán más o menos distintos a los del PSOE o los de Ciudadanos. Se trata de eso: confrontar ideas, deslindar puntos en los que se pueda alcanzar un acuerdo suficiente y estar dispuestos a pagar el precio que corresponda a cada partido, dando por hecho que reformar la Constitución es asunto de muchos. Hay que exigir a los actores políticos la máxima lealtad constitucional, pero eso no puede implicar vetos previos.

La Constitución de 1978 ha prestado señalados servicios como sistema básico de organización política de los españoles. No hace ninguna falta construir un edificio de nueva planta, pero sí emprender reformas, desde la estructura territorial del Estado a los condicionamientos del sistema electoral, las lagunas de la Ley Fundamental que han contribuido al bloqueo político sufrido durante casi todo 2016 o, quizá, ampliar derechos fundamentales. Primero hay que intentar acuerdos y, después, instrumentar los que necesiten tocar la Constitución o decidir cuáles podrían resolverse a través de otras leyes.

La reforma necesita tiempo y, según los temas que incluya, tal vez hagan falta dos legislaturas. Servirse de cualquier pretexto para impedir siquiera que se abra esta cuestión sí que podría certificar el fracaso del sistema político.

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