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La corrupción copa agenda de la Asamblea Nacional en Venezuela

La corrupción copa agenda de la Asamblea Nacional en Venezuela

Un reportaje especial de Diario Las Américas


Alrededor de 11.000 millones de dólares supuestamente extraviados en Petróleos de Venezuela (PDVSA) entre 2004 y 2014 con la compra de unos taladros a China, en el Fondo de Pensiones o por la explosión de la refinería de Amuay; millones que se habrían perdido en importaciones de alimentos y medicinas a punto de caducar o que se vencieron en puertos y almacenes; irregularidades en la adjudicación de los contratos entregados a la constructora brasileña Odebrecht para ejecutar decenas de grandes obras de infraestructura…, estos son apenas tres ejemplos de las decenas de escándalos de corrupción que en el 2016 coparon buena parte de la atención de la Asamblea Nacional que, por primera vez en lustros, dedicó tiempo a estos temas.

“Por primera vez en 17 años se debatieron casos de corrupción, se investigaron, se citó a funcionarios y se pidió en plenaria sanciones como las que se adoptaron contra el ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres; y su antecesor en ese despacho, Carlos Osorio, por las irregularidades en las importaciones de alimentos y la situación de las empresas agroalimentarias estatizadas”, afirmó el diputado Carlos Berrizbeitia, miembro de la Comisión de Contraloría del Parlamento.

En similares términos se pronunció la también miembro de esa instancia, Nora Bracho, quien aseguró que el legislativo de hoy en nada se parece a los anteriores. “La Comisión de Contraloría, por ejemplo, era un instrumento del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para perseguir a opositores o disidentes del chavismo, pero allí no se investigó seriamente ningún caso de corrupción. Nosotros abrimos investigaciones, citamos a funcionarios y pedimos información a otros organismos, pero ninguno atendió nuestras peticiones, lo cual revela la magnitud de la corrupción existente. Sin embargo, creo que hemos logrado dejar en claro que los funcionarios públicos chavistas se han robado descaradamente el dinero de los venezolanos”.

La Comisión de Contraloría terminó 34 informes y en cinco pidió a la Asamblea determinar la responsabilidad política de funcionarios y exfuncionarios. Previamente le impuso esa sanción moral a 14, entre los que destacan Rafael Ramírez, los exministros de Petróleo; Eugenia Sader (Salud) y Yubirí Ortega (Ambiente), informaron fuentes de esa instancia.

Por el bloqueo

Los legisladores opositores culparon al Gobierno y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de no permitirles avanzar en su lucha contra los delitos contra el erario público. “El Gobierno con su decreto de emergencia económica, donde eximió a los ministros y demás funcionarios de comparecer a la AN y el TSJ, con sentencias como la que cerró la investigación contra Rafael Ramírez, expresidente de PDVSA, blindaron a la corrupción”, denunció Berrizbeitia.

La Sala Constitucional, con su sentencia 893, anuló la pesquisa que la Comisión de Contraloría abrió en febrero pasado contra Ramírez, y alegó que “existen elementos que sirven de convicción acerca de las lesiones graves o de difícil reparación que se estarían ocasionando a la empresa Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSAS) e, incluso, contra la República directamente (…) lo que podría desencadenar una reacción adversa en los procedimientos arbitrales que cursan en la actualidad, en los inversionistas, en todos aquellos países a los cuales puede acudir la República para el intercambio de crédito y, en fin, en los diversos actos relacionados con esta materia que interesan a la Nación, a diversos Estados y a la Región, tomando en cuenta la trascendencia de PDVSA en el orden económico, social y constitucional”.

El legislador replicó: “¿Cómo es posible que el TSJ diga que una investigación puede dañar la imagen de PDVSA? ¿No daña más la imagen de la compañía que sus fondos hayan sido dilapidados y que nadie responda? ¿No es más perjudicial que el presunto responsable no se ponga a derecho?”.

No obstante este bloqueo, los parlamentarios siguieron con sus indagaciones y abordaron temas que otros organismos no tocaron, como los supuestos sobornos que la constructora brasileña Odebrecht habría pagado por contratos en varios países, incluyendo Venezuela. La Comisión de Administración y Servicios de la AN, junto a Transparencia Venezuela, constató incrementos de hasta 3.000% en los presupuestos acordados para ciertas obras entregadas a esa empresa, a pesar de que en algunas el Estado habría entregado hasta la mitad del monto acordado.

En el caso del Metro Caracas-Guatire, aunque el Ministro de Obras Públicas desembolsó el 56% de lo pactado (26.000 millones de bolívares unos 2.600 millones de dólares a la tasa de 10 bolívares por dólar), ahora se espera que la obra esté lista en 2019 en lugar de 2011, como originalmente se prometió.

Según documentos emitidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht pagó sobornos por 98 millones de dólares a funcionarios venezolanos para conseguir contratos.

Un primer paso

Aunque no están satisfechos con el trabajo hecho, Transparencia Venezuela reconoció el cambio de actitud del Parlamento frente al tema y lo valoró como un primer paso en la dirección correcta.

“La Asamblea ha sido un espacio de debate de discusión política. Antes ni siquiera se reunían más que una vez a la semana y allí no se discutían casos de corrupción, sino que simplemente se felicitaba al Gobierno y se criticaba a la oposición; en cambio ahora varios sonados casos han sido conocidos por la opinión pública”, afirmó la directora de la organización, Mercedes de Freitas, para quien este cambio puede contribuir a cambiar la cultura venezolana frente a este flagelo.

“Los venezolanos criticamos la corrupción cuando se trata del otro, pero cuando un familiar es el implicado, siempre hay una justificación. Al hablar del tema constantemente seguramente la gente se molestará y de esa molestia pueden surgir las exigencias de medidas. Cuando la gente sepa que a su hijo lo mató un arma que un policía vendió; que su madre no pudo ser atendida en un hospital porque las medicinas estaban vencidas, pues alguien las compró a punto de caducar para quedarse con una parte del dinero; o que no hay comida porque alguien la revendió, entonces allí puede darse la oportunidad para crear un sistema contra la corrupción”, remató.

Algunos datos

Entre enero y agosto de 2016, el Ministerio Público presentó 1.071 acusaciones y 1.168 imputaciones relacionadas por delitos contra el erario público. Sin embargo, no precisó a cuántas personas esas demandas afectan ni el número de funcionarios públicos.

En 2016 se produjo la mayor filtración de información sobre personas y empresas con cuentas en paraísos fiscales, los llamados Papeles de Panamá. El despacho dirigido por Ortega Díaz logró detener a tres individuos, dos de ellos vinculados con un exedecán del presidente Hugo Chávez, pero meses después dos fueron liberados por un juez.

Durante este año, la Fiscalía también trató de anular la decisión que dejó en libertad plena al exviceministro de Energía Eléctrica Nervis Villalobos y al expresidente de la extinta Electricidad de Caracas Javier Alvarado, a quienes desea procesar por supuestamente enriquecerse al entregar contratos durante la primera crisis eléctrica en 2009.

Navarro, compareció ante la Comisión de Contraloría y reiteró que un tercio del billón de dólares que manejó el chavismo durante la bonanza petrolera se perdió entre “importaciones ficticias y sobreprecios”.

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