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La Comunidad de Madrid ultima un bono social por más de 300 millones

La Comunidad de Madrid ultima un bono social por más de 300 millones

La Comunidad de Madrid está preparando una emisión pública de bonos sociales, un instrumento insólito entre las administraciones públicas españolas.

Se trata de un tipo de emisión que debe obligatoriamente estar destinada a capítulos sociales, como sanidad, educación, ayudas sociales o medidas medioambientales.

El marco de referencia de esta futura emisión, que se llevará a cabo previsiblemente la próxima semana, es de 300 millones de euros, pero será superior con toda seguridad, dependiendo del apetito de los mercados.

Este tipo de instrumentos apenas se ha utilizado en España, con la excepción del ICO, que financió programas de empleo mediante esta operación. Pero existe un creciente interés por este tipo de emisiones: muchos inversores tienen carteras de deuda que sólo pueden ser destinadas a este tipo de bonos, y la Comunidad quiere ahora aprovecharse de ello.

El Ejecutivo presidido por Cristina Cifuentes había realizado ya una colocación privada bajo estas características hace unos meses, aunque solo fue de apenas 48 millones.

Esta vez se trata de una gran emisión pública. Se realizará mediante bonos a cinco años y será la primera administración española que lleve a cabo una operación similar. Los bancos que han estructurado esta operación son ING y BBVA, y han colaborado también entidades como Natixis, Crédit Agricole y Barclays.

¿Cuáles son las condiciones de estas operaciones?

Evidentemente, las administraciones públicas no tienen mecanismos que aseguren un destino finalista para la financiación obtenida. Pero sin embargo los bonos sociales (o los bonos verdes o sostenibles) requieren de ciertos requisitos que deben cumplir.

Por ejemplo un estudio independiente sobre la viabilidad de la operación; definir detalladamente los capítulos del Presupuesto (en este caso de 2017) que pueden ser elegibles para este tipo de bonos, como la Sanidad, la Educación, la ayuda a la dependencia, la asistencia social, los programas de renta mínima, o programas para la sostenibilidad medioambiental.

No pueden por ejemplo financiarse el capítulo uno, de nóminas de funcionarios, o el tres, de gastos financieros. Además, al cierre del ejercicio, se aplicará una auditoría para ver que estos apartados de gasto prometidos han sido efectivamente financiados y ejecutados.

Aunque no existen cláusulas de reversión sobre esta operación, se perdería toda la credibilidad si no se cumpliera, indican fuentes de la Consejería de Economía, liderada por Engracia Hidalgo, que han llevado a cabo esta operación.

Apetito inversor

Fuentes de la Comunidad de Madrid indican que, más allá de garantizar la financiación de las partidas sociales, existen motivos financieros para llevar a cabo este tipo de emisiones, para poder “ampliar la base inversora” en la deuda de la comunidad autónoma.

Hay muchos actores en los mercados financieros que nunca han comprado deuda autonómica porque solo tienen permitido invertir en este tipo de bonos, para los que se está abriendo un mercado.

Esta apuesta permite también estrechar el cupón, es decir, abaratar los tipos de interés a pagar: la rentabilidad de la operación no juega un papel tan decisivo en las acciones de compra de estos inversores, sino que está más centrado en encontrar oferta.

Responsables de la consejería de Economía llevan meses reuniéndose con inversores en Francia, Alemania, Holanda, Noruega o Suecia, donde el mercado para este tipo de producto es mayor.

La intención es llevar a cabo esta emisión a lo largo de la semana próxima, quizás el mismo lunes, dependiendo de cuándo se den las condiciones favorables.

Fuente: Expasión

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