Opinión

Un furioso huracán se acerca, por Enrique Guillermo Avogadro

Un furioso huracán se acerca, por Enrique Guillermo Avogadro

Enrique Guillermo Avogadro/Analítica

Hace tal vez un par de meses describí el costo que había pagado Italia por el proceso Mani Pulite que, impulsado por el fiscal Antonio di Pietro, barrió, en 1992, con toda la clase política de la península y gran parte de la industrial. Conté entonces lo que estaba sucediendo en Brasil de manos del juez Sérgio Moro y un grupo de fiscales federales, que han dejado pasmado al mundo con sus investigaciones sobre el Lava Jato y el Petrolão, y me pregunté cuánto estaría dispuesta su sociedad a pagar por la limpieza de sus instituciones.

Desde entonces, el huracán, que incrementa diariamente su fuerza con las delaciones premiadas, está arrastrando por el fango a cientos de funcionarios, ejecutivos y dueños de grandes empresas y a políticos de todos los colores. Para tener una idea de la magnitud del golpe que sufrirá el Congreso brasileño, basta con saber que han firmado ya esos acuerdos, tendientes a la reducción de las penas, nada menos que el presidente de Odebrecht —la mayor constructora internacional de la región—, detenido hace más de un año, y 77 de sus más altos ejecutivos, que ya se sabe que comprometerán a 200 gobernadores, alcaldes, diputados y senadores de 24 partidos. Ante esas noticias, a los delatores se suman ahora muchos de los implicados del ámbito privado y también algunos funcionarios públicos, todos aterrados por la magnitud de las condenas que han comenzado a imponerse; algunas superan los cuarenta años de cárcel.

Los fiscales ya han procesado y eyectado de su cargo al presidente de la Cámara Baja, Eduardo Cunha, que habilitó el impeachment que terminó con la destitución de Dilma Rousseff, y el jueves obtuvieron del Supremo Tribunal Federal la autorización para avanzar sobre Renan Calheiros, que ocupa igual cargo en el Senado federal. El Presidente de la República en ejercicio, Michel Temer, no sólo ha sido acusado directamente de corrupción por algunos denunciantes —ya se tramita su propio juicio político, pero no creo que prospere—, sino que, desde que asumiera, hace pocos meses, ha debido pedir la renuncia a varios de sus ministros, también involucrados en el escándalo. El mismo Lula da Silva, quizás el político que conserva, individualmente, la mejor imagen pública, siente al tsunami mojar sus zapatos, y es posible que termine con sus huesos en prisión.

La clase política, corporativamente, ha decidido poner fin a las investigaciones judiciales, y ya tiene media sanción un proyecto de ley, casi una autoamnistía, que así lo ordena. Su repercusión en la sociedad fue inmediata; fuertes cacerolazos resonaron en la noche del miércoles en muchas grandes ciudades de nuestro vecino. Los fiscales, por su parte, han solicitado al Poder Judicial que declare la inconstitucionalidad de la eventual ley, lo cual generará un conflicto institucional de proporciones homéricas.

El juez Moro se ha transformado en la gran figura de Brasil y, si presentara su candidatura para algún cargo, sería elegido por un amplísimo margen; por ahora, ha manifestado que quiere seguir con su función hasta terminar la tarea purificadora que ha emprendido. La incógnita está centrada en hasta dónde podrá avanzar, porque, se dice, sus investigaciones alcanzan también a varios ministros del Supremo Tribunal Federal.

Todo ha sucedido mientras Brasil cae en la mayor recesión de su historia y, si no fuera porque se trata de la mayor economía de América del Sur, y la séptima del mundo, toda la región podría sentarse a contemplar el proceso y sus derivaciones por televisión, pero sucede que es el más importante socio comercial que todos tenemos, en especial la Argentina y, cuando el gigante se resfría, cogemos una pulmonía.

Ignoro qué sucederá aquí con las innumerables causas por corrupción abiertas contra Cristina Elisabet Fernández, sus hijos, sus funcionarios, sus testaferros, los empresarios y los cómplices de toda laya —¡hasta actores de cine y telenovelas!— que integran la asociación ilícita que la ex Presidente encabezara, pero resulta claro que los únicos tres que se encuentran efectivamente en prisión, Báez, Jaime, López, lo están por sus propias torpezas y no porque el brazo de la Justicia haya ido a buscarlos. Si no fuera por los videos de La Rosadita y las decenas de estancias, la obscena exhibición de barcos y aviones o el revoleo de bolsos en raros conventos, los Tribunales no tendrían resultados que mostrar.

Mientras, delincuentes emblemáticos como Amado Boudou, Daniel Scioli, Julio de Vido, Claudio Uberti, Oscar Parrilli, Fernando Esteche, Luis D’Elía, Hebe de Bonafini, Sergio Shoklender, Katya Daura, César Milani, Guillermo Moreno, Aníbal, Máximo y Florencia Kirchner, Sergio Berni, Héctor Capaccioli, los Zacarías y muchos más continúan en libertad, disfrutando de sus fortunas mal habidas, entorpeciendo los procesos, riéndose en la cara de sus víctimas y poniendo en peligro las pruebas, sin que a los jueces de Comodoro Py parezca importarles. No sugiero linchamientos, pero sí que se les aplique la prisión preventiva, ineludible en estos casos.

Sin embargo, el próximo 19 de diciembre será una bisagra, ya que la Sala I de la Cámara de Casación ha convocado a todas las partes a una audiencia, fruto de la cual resolverá si la causa por la denuncia del asesinado fiscal Alberto Nisman es reabierta o terminará juntando polvo, para siempre, en los archivos judiciales. Comparecerán ante los magistrados el fiscal general Javier de Luca, que ya ha desistido de los recursos que formulara su colega Germán Moldes contra los reiterados fallos del juez Daniel Rafecas, quitando al proceso el impulso estatal, y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), que quiere ser querellante para revivirlo.

Esa absurda corporación de jueces (por ejemplo, la jueza Ana María Figueroa, de la Sala I) y fiscales (entre otros, De Luca) autodenominada Justicia Legítima —quienes no la integran, ¿son entonces ilegítimos?— está luchando denodadamente para mantener el escudo que, desde que la causa por el memorándum firmado con Irán se iniciara, protege a Cristina, su ex canciller Héctor Timerman y varios más de las acusaciones por traición a la patria, encubrimiento del terrorismo y otros delitos menores. La agrupación pretende ahora desplazar a los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, integrantes de la misma sala, y reemplazarlos por otros que confirmen los fallos dictados por la Sala I de la Cámara Federal, integrada por ese otro par de angelitos que son los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Freiler; este con sus propias denuncias por enriquecimiento ilícito, producto de la fortuna que detenta, amasada durante la década robada.

Será un día trascendental porque, si el proceso se reabriera, significará que el huracán que se acerca ha sido percibido en su gravedad y los vientos de purificación habrán llegado para quedarse. En caso contrario, no sólo quedará garantizada la impunidad para los más terribles delitos sino que la sociedad entera, a la cual se le está exigiendo aceptar un presente de sangre, sudor y lágrimas en pos de un mejor futuro, pedirá a todos los poderes del Estado cuentas por su proceder y, una vez más, cualquier atisbo de gobernabilidad habrá saltado por los aires.

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